Abstract
La Salud en Todas las Políticas (STP) es un enfoque intersectorial que busca consolidar los vínculos entre la salud y las otras políticas. Este concepto nació en las iniciativas de salud pública gestionadas en el ámbito internacional, tales como la Declaración de Alma-Ata (1978), la Carta de Ottawa (1986) y las políticas públicas saludables (1988, en inglés). La STP, promovida por la Organización Mundial de la Salud, propende por que los asuntos de salud, equidad y bienestar sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar las políticas de todos los sectores. Favorece, asimismo, la comprensión, por parte de los sectores diferentes del de la salud, de las consecuencias de sus decisiones sobre los determinantes de la salud y, por ende, sobre los factores que influyen en el estado de salud y en el bienestar de la población. La idea básica es responsabilizar a quienes toman las decisiones políticas en todos los sectores y a todos los niveles con respecto a la salud de la población y de la equidad en materia de salud (1).
La STP se inscribe en una voluntad más grande de ubicar a la salud en el centro de los objetivos y de las acciones de desarrollo de la sociedad. Se apoya en una visión común y en objetivos compartidos entre la salud y los otros sectores, así como en una estrategia en la que todos ganan para ayudar a que la participación sea diversa. Todos deben obtener su beneficio. Este enfoque le otorga una nueva función al sector de la salud: por un lado, apoya a los demás para que alcancen sus objetivos, y por el otro, les ayuda a comprender que estos objetivos no se pueden alcanzar sin dejar un impacto en la salud. El sector de la salud, incluidos los intervinientes en promoción de la salud, deben adoptar un enfoque realmente colaborativo y su apoyo debe ser visto como un valor agregado real.
La pandemia de la COVID-19 que azota al mundo entero desde los comienzos del 2020, ha puesto al descubierto la fragilidad de nuestros sistemas de salud. Los gobiernos se han concentrado en reducir la transmisión viral para controlar el número de hospitalizaciones con el fin de proteger el sistema de salud. En esta perspectiva, las medidas que se tomaron para responder a la COVID-19 afectaron a toda la sociedad y necesitaron de una colaboración entre el sector de la salud y los otros sectores (2) (por ejemplo, la economía, el empleo, la educación, los transportes, la seguridad, la cultura y el entretenimiento). Los dos años que han transcurrido desde que comenzó la crisis sanitaria nos demuestran que la gestión de esta pandemia no puede ser un asunto del gobierno solamente y aún menos, del departamento de salud como único actor. Se requiere de un conjunto de actores que se reúnen bajo el objetivo común de contener la pandemia y de controlar sus impactos negativos. De este modo, somos testigos de una colaboración intersectorial sin precedentes, a diferentes niveles, para enfrentar la COVID-19. La incomunicación y el aislamiento en la manera de operar de buen número de administraciones se rompieron durante esta crisis.
A lo largo de la pandemia, la salud logró ascender a los niveles político y social como nunca antes lo había hecho, obtuvo una legitimidad para intervenir en las políticas y en las acciones de todos los sectores, a través de todas las instancias de decisión. La respuesta de la salud pública fue multisectorial. La crisis de la COVID-19 puso en evidencia la relación entre la economía, la salud y el bienestar. Los responsables políticos reconocieron en múltiples ocasiones que la toma de decisiones en el marco de la crisis sanitaria estuvo guiada por la ciencia y las evidencias. Todo fue escrutado bajo la óptica de la COVID-19.
Sin embargo, esta pandemia sacó a la luz una exacerbación de las desigualdades sociales y de salud preexistentes. En tal sentido, Richard Horton, jefe de redacción de la revista británica The Lancet, afirma que dos categorías de enfermedades interactúan en la población: la COVID-19 y un cierto número de enfermedades no trasmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las afecciones respiratorias crónicas y el cáncer, con el trasfondo de un contexto social y económico marcado por profundas desigualdades. A su juicio, este contexto agrava los efectos de cada enfermedad, por lo cual él considera que la COVID-19 no es una pandemia sino una sindemia (3).
Sería un error creer que la pandemia de la COVID-19 es solo una crisis sanitaria ligada a la infección por el virus. Es cierto que esta infección tuvo un impacto directo sobre la salud de la población, pero sus repercusiones y las medidas impuestas para frenar la propagación del virus afectaron de forma diferente a los individuos en función, entre otras, de su condición socioeconómica. Surgió una fractura social entre las personas que tienen la posibilidad de respetar las medidas de confinamiento y las que no pueden debido a su perfil socioeconómico, sus condiciones de vivienda, su tipo de empleo, su edad, su género, etc.
Los gobiernos invirtieron sumas importantes para enfrentar la crisis sanitaria. La presión será intensa durante la reactivación pos-COVID-19, especialmente en el ámbito económico para equilibrar los presupuestos. En ese contexto, los enfoques intersectoriales como la STP serán muy pertinentes para abordar los impactos a largo plazo de esta pandemia sobre la salud, la salud mental y las desigualdades, y para garantizar una reactivación no solamente orientada a la economía, sino centrada en la salud y el bienestar. De la misma forma, la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS), que fue identificada en múltiples ocasiones como una de las herramientas capaces de promover y de permitir la implementación del concepto de la STP, facilita la integración sistemática de las preocupaciones de la salud en las decisiones. Esta EIS ha sido utilizada durante la pandemia en el País de Gales (4), en Escocia (5) y en Austria (6), entre otros, para evaluar el impacto que tienen en la salud de la población las medidas tomadas en respuesta a la COVID-19, en un contexto de emergencia sanitaria. La EIS se constituye entonces en una herramienta que podría ser útil para predecir los futuros efectos potenciales de las políticas de reactivación pos-COVID-19 sobre la salud y el bienestar de la población, y para identificar las acciones que permitan minimizar los efectos negativos y maximizar los positivos de dichas políticas antes de su implementación (7).
La COVID-19 resaltó la importancia de contar con un sistema de salud sólido y la necesidad de la colaboración intersectorial para proteger la salud de la población y promover la equidad. Para la reactivación pos-COVID-19 se tendría que pasar de una lógica de protección de la salud a una lógica de prevención y de promoción de la salud en todas las políticas. El punto que se plantea es el mantenimiento de las diferentes colaboraciones intersectoriales emprendidas durante la crisis. En tal perspectiva, la investigación debería interesarse en estudiar los enfoques intersectoriales movilizados durante la pandemia y en analizar su sostenibilidad para la gestión pos-COVID-19.
Tampoco se debe olvidar que antes de esta crisis sanitaria, ya teníamos la climática y la de las enfermedades no transmisibles, cuyos factores de riesgo están ligados, entre otros, a nuestro modo de vida y a nuestro medio ambiente. Las crisis permanecerán después de la COVID-19 y los enfoques intersectoriales como la STP (8) constituyen medios eficaces para enfrentar esas problemáticas complejas y para preparar la mejor forma de gestionar futuras situaciones.
Habrá que aprender de las experiencias adquiridas durante la crisis en materia de colaboraciones intersectoriales y mantener el impulso de esas interacciones a nivel de los gobiernos para reconstruir mejor la sociedad. Este será un reto importante para el sector de la salud, incluidos investigadores y promotores de la salud, pero deberá aprovechar la oportunidad ofrecida por la pandemia de la COVID-19 para superarlo.